Siete militares aceptan cargos por violación de menor

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Siete militares aceptan cargos por violación de menor indígena en Colombia

Siete militares admitieron este jueves ante un juez haber violado a una niña indígena de 13 años mientras patrullaban el territorio de la comunidad embera chamí, en el oeste de Colombia, según la fiscalía.

El organismo «imputó cargos a siete soldados» por el delito de acceso carnal abusivo agravado, seis de ellos como responsables directos y uno en condición de cómplice, dijo en rueda de prensa el fiscal general, Francisco Barbosa.

«Esas personas aceptaron cargos en la audiencia y reconocieron la tropelía de sus actos», añadieron.

Los uniformados fueron reclutados en una guarnición militar a la espera del juicio que definirá su condena.

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La menor fue agredida el domingo en el municipio de Puerto Rico, Risaralda. El gobernador indígena del resguardo (jurisdicción) embera Gito do Kabu, Juan de Dios Queragama, dio a conocer el hecho que produjo una dura condena social.

La niña «estaba solita, recogiendo guayabas» cerca de un campamento militar cuando los soldados «la cogieron y la retuvieron toda la noche», contó Queragama a la AFP tras hacer pública la denuncia en un comunicado.

La víctima quedó bajo protección de la autoridad de protección familiar.

El gobierno y el alto mando militar condenaron al ataque que se dio a conocer específicamente una semana después de que el Congreso aprobara una reforma constitucional que incorpora la prisión perpetua a violadores y asesinos de niños y adolescentes de menos 14 años.

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Si bien no ha promulgado la norma, el presidente Iván Duque se mostró partidario de aplicar la cadena perpetua en este caso que mina la imagen de las fuerzas militares, que a lo largo del conflicto armado ha enfrentado escándalos por los violaciones de los derechos humanos por algunos de sus miembros.

Sin embargo, los soldados serían juzgados bajo la legislación previa a la reforma que determinó hasta 30 años de prisión para este tipo de delito, según la fiscalía.

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Sin una ley en vigor que reglamente el cambio constitucional, «no puede imponerse cadena perpetua y una vez aprobada, no puede ser retroactiva», señaló el jurista Rodrigo Uprimny, del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad.

Según datos de la autoridad forense en Colombia, en 2019 más de 22,000 menores de 18 años fueron víctimas de delitos sexuales y 708 de homicidio.